Pocas personas son capaces de reconocer públicamente que son amigos de Julio Ponce Lerou (75).

Los 22 años que estuvo casado con Verónica —la tercera hija de Augusto Pinochet, en cuyo gobierno militar se convirtió en un próspero empresario— ataron su nombre a la dictadura.

Por eso cuando estalló el caso SQM a fines de 2014, el mayor impacto no fue el financiamiento ilegal de la política —de la cual hay larga historia en Chile—, sino que tales dineros hayan salido de la minera controlada por él y terminaran financiando a personeros de la exConcertación. Si en los 90 había una desconfianza entre ese mundo opositor a Pinochet y el empresariado, 20 años después la actitud había cambiado y –como señaló el ex Ministro concertacionista, Francisco Vidal, en marzo de 2015 en T13- en materia de financiamiento político “hay que cerrar los ojos”.

¿Cómo llegaron las redes de Ponce a financiar al mundo concertacionista, rompiéndose así los diques que separaban a ese sector por el símbolo del dueño de SQM con el pinochetismo? Esta es la historia del siguiente reportaje de Historias Recientes.

La hebra que llevó a las donaciones fue una boleta que Carolina de la Cerda, cuñada del exsubsecretario Pablo Wagner (UDI), dio a SQM por dineros que, según la fiscalía, fueron a la campaña presidencial de Joaquín Lavín en 2009.

Pero pronto el espectro político de los beneficiados se amplió no solo a la UDI, sino que involucró a RN, DC, PPD, PS, PR, PRO, PRI, al exministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y personas ligadas a las campañas presidenciales de Eduardo Frei, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami.

Según un informe que conoció el directorio de SQM el 19 de marzo de 2015, serían cerca de 1.300 la boletas y facturas que podrían ser cuestionadas en el periodo 2009-2014, emitidas por alrededor de 200 personas y por un total aproximado US$11 millones.

La fiscalía terminó investigando a más de 300 personas (naturales y jurídicas). De los casos que prosperaron diez personas fueron condenadas en procedimiento abreviado, 129 terminaron con suspensión condicional del procedimiento, 80 imputados fueron sobreseídos y, en otros tantos, el Ministerio Público decidió no perseverar.

Solo ocho pasaron a juicio oral: Patricio Contesse (exgerente general del SQM); Pablo Longueira, exministro y exsenador; Carmen Luz Valdivielso (asesora de Longueira); Marisol Cavieres (histórica secretaria de la UDI); Marco Enríquez-Ominami (exdiputado y excandidato presidencial) y Cristián Warner (jefe de campaña de ME-O en 2009).

“He tenido una preocupación permanente: ser Julio Ponce”, aseguró el ingeniero forestal en una entrevista en Qué Pasa del 4 de agosto de 1983. Y lo decía luego de renunciar a la gerencia general de Corfo por una acusación anónima de enriquecimiento ilícito que circuló por entonces.

Ya le pesaba quedar bajo la sombra de su suegro. “Para mí ha sido muy difícil. Mentalmente, no me ha gustado sentirme yerno (…) es bien desagradable cuando uno está con un grupo de gente y lo empiezan a conversar (…) se notaba que inmediatamente cambiaban la actitud”, le decía en octubre del mismo año a Guillermo Sandoval, entonces periodista de La Tercera, en una entrevista cuya transcripción completa reproduce Víctor Cofré en su libro “Ponce Lerou: Pinochet, el litio, las cascadas, las platas políticas”.

Con el regreso de la democracia —y su matrimonio con Verónica Pinochet anulado—intentó marcar una mayor diferencia y empezó a pedirle a los periodistas que dejaran de identificarlo como Julio Ponce Lerou y lo trataran solo Julio Ponce.

También supo que tenía que adecuarse al nuevo escenario político y amplió su círculo de confianza —que ya integraban Patricio Contesse y Roberto Guzmán Lyon—, sumando a su amigo de la infancia, Darío Calderón, y al filósofo Marcelo Rozas. Todos constructores de importantes redes de contacto en distintas esferas del país.

El abogado Darío Calderón (masón, 74) militó en el Partido Radical desde los 13 años, pero cuando por ley, en 2017, los partidos tenían que renovar sus registros, no se reinscribió y terminó convertido en un militante zombi (legalmente suspendido).

Conoce a Ponce de toda la vida, porque continuaron la amistad que iniciaron sus padres, pero fue en el inicio de los 90 que se reencontraron en forma profesional.

Calderón fue quien extendió puentes para que Ponce se contactara con el mundo más progresista de la ex–Concertación.

“Se ha tejido toda una leyenda. Me dicen que yo muevo las cosas. Pero no es así, lo que ocurre es que tengo amistades transversales. Me siento tan amigo de un hombre de izquierda, como de derecha, de un cura, como de un libre pensador. Soy capaz de encontrar un idioma común con Andrés Chadwick, Carlos Ominami o Gutenberg Martínez”, decía Calderón en 2003 en revista “Sábado”. Allí se recordaba que era él quien organizaba encuentros entre políticos con ministros de la Suprema o con hombres de negocios, como el que hizo en su casa en septiembre de 2006, donde reunió al expresidente Ricardo Lagos con distintos empresarios, entre los que, por cierto, estaba Ponce Lerou.

SQM pagó boletas por $362 millones entre 2009 y 2013 a su estudio de abogados y además de otras cuatro —por $8,7 millones— del exministro DC Enrique Krauss cuando éste recién se había incorporado al bufete en 2011. Por entonces aún era socio en su estudio jurídico con Alfredo Ugarte, secretario de la Fundación Eduardo Frei Montalva, quien se retiró en 2012. A partir de 2015, SQM prescindió de sus servicios.

No obstante, Calderón nunca fue llamado a declarar, aunque algunos de sus amigos sí tuvieron que presentarse ante los fiscales.

Tal es el caso de Hernán Contreras Molina (75), abogado y militante del Partido Socialista a quien Calderón recomendó para que integrara el directorio de Norte Grande en 2013.

Compañeros en la Universidad de Chile siempre han mantenido una estrecha relación. En 2011, cuando Contreras lanzó el libro “Eugenio González Rojas: Pensamiento Vigente (Disjecta Membra)”, en honor a quien fuera fundador e influyente ideólogo del PS, en el prólogo agradeció al poeta Raúl Zurita por revisar el texto y a Calderón por entregar su “estímulo y apoyo incondicional, así como el aporte necesario para que esta obra tuviera la dignidad que merece”.

En las elecciones municipales de 2012 Contreras fue el encargado legal de la red de apoderados del PS y trabajó estrechamente con Mahmud Aleuy, a la sazón encargado de la comisión nacional electoral socialista. En ese rol, en una primera etapa, fue quien defendió ante el Tribunal Electoral Regional la candidatura de la diputada Maya Fernández cuando enfrentó a Pedro Sabat por la alcaldía de Ñuñoa en una reñida elección que terminó perdiendo por 30 votos.

Un año después, el 18 de octubre, Hernán Contreras asumió como nuevo director de Norte Grande —una de las sociedades cascadas— cargo que mantuvo hasta abril de 2019, cuando pasó a ser parte del directorio de Nitratos.

Contreras Molina no fue el primer hombre de la exConcertación en convertirse en director de alguna de las empresas cascadas (Norte Grande S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Calichera S.A., Nitratos S.A. y Potasios S.A.).

Quien debutó en estas firmas fue el abogado DC y exministro Alejandro Ferreiro, quien participó en Norte Grande entre 2010 y 2012. Luego estuvo Osvaldo Puccio (PS), exvocero del gobierno de Ricardo Lagos, en el directorio de Pampa Calichera (31 de julio 2012-19 de agosto 2013) y Fernando Bustamante (PS), expresidente de Metro, quien fue director en Nitratos (junio 2013- 30 de junio 2015).

En septiembre de 2015 Ponce salió de la presidencia de las sociedades cascadas y las dejó en manos de Rafael Guilisasti, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), exMapu, financista de la precampaña presidencial de Andrés Velasco y dueño de una amplia gama de redes en la derecha, la izquierda, los empresarios, académicos y en la iglesia, según el artículo “Todos los mundos de Guilisasti” publicado en la revista Caras el 24 de abril de 2014.

En junio de 2017 Hernán Contreras declaró en el caso SQM en una arista vinculada al exdiputado Roberto León (DC). La fiscalía intentaba esclarecer porqué Contreras redactó un oficio que terminó siendo enviado por los diputados DC Ricardo Rincón y Gabriel Silber a la SVS el 28 de enero de 2014. En el documento se reclamaba que la Superintendencia no había proporcionado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso Cascadas los anexos de contratos de fideicomiso ciego del presidente Piñera. Ponce Lerou —según el libro de Cofré– había intentado involucrar al mandatario en el caso Cascadas en varias ocasiones.

La explicación de Contreras fue que la redacción del texto la había acordado Antonio Saavedra, por ese entonces asesor de la bancada DC.

Las fiscales también le preguntaron a Contreras si no era contradictorio que él, como socialista, hubiese aceptado trabajar con Ponce Lerou. Él lo negó: “Cuando decidí entrar a Norte, me ocupé de estudiar los antecedentes de la compañía y de quien era su controlador y concluí que Julio Ponce no había obtenido SQM como producto de la entrega, por parte del Estado, bajo un precio irrisorio durante la dictadura. Por el contrario, él ingresó como director de SQM en la década del 80 y más tarde, en la década del 90, ya con el advenimiento de la democracia, consiguió el control. Además, supe que Julio Ponce jamás estuvo asociado a hechos de sangre, ni vinculado a agentes del Estado que cometieran los hechos que todos conocemos”.

Julio Ponce y Patricio Contesse conocieron a Marcelo Rozas cuando era director de la revista Hoy.

El filósofo venía de asesorar al gobierno de José Napoleón Duarte en El Salvador (1984-1989), junto a José Miguel Fritis y Miguel Salazar, con quienes compartió el apodo de “los salvadoreños” en la interna de la DC, partido en que militó desde 1968. En los actuales registros partidarios su inscripción data del 10 de septiembre de 1987 y está en calidad de “suspendido”, porque —al igual que Calderón— no se refichó en 2017.

La mirada más global de la política que Rozas tenía le permitió a Ponce mapear el nuevo escenario político que se abría tras el término de la dictadura. Y hacer contacto con la DC.

SQM se convirtió en el gran avisador de Hoy “con contraportadas, páginas a todo color e insertos comerciales que aparecieron hasta 1998, cuando la revista cerró definitivamente. Creo que a partir de ese nexo la Democracia Cristiana empezó a recibir plata de Soquimich, financiamiento que luego se amplía a otros partidos de la Concertación” planteó Manuel Salazar, autor del libro “Todo sobre Julio Ponce Lerou”, en entrevista con revista Caras el 24 de abril de 2015.

Ante los fiscales, en marzo de 2015, Marcelo Rozas —estrecho amigo de Gutenberg Martínez y Soledad Alvear—reconoció que con ambos ejecutivos de SQM “se fue creando cierta amistad y confianza profesional (…) fui requerido como consultor debido al proceso de adaptación que presentaba la empresa con el retorno a la democracia”.

En la misma línea testificó Julio Ponce: “Me hice amigo de él, tengo permanentes conversaciones con él”.

Lo que allí no comentaron es que Rozas incluso testificó en favor de Ponce en el largo proceso legal con que el ingeniero forestal dio fin a su segundo matrimonio, según relata el libro de Víctor Cofré.

Los favores eran mutuos. Cuando Michelle Bachelet en su primer mandato obligó a Rozas a dejar la embajada de Chile en República Checa en 2009 —por haber criticado públicamente la cumbre de Líderes Progresistas que se realizaría en Chile— el controlador de SQM lo recomendó al empresario Juan Rassmuss para que lo integrara el directorio de Invercap.

El 4 de mayo 2009 Estrategia publicó sobre la incorporación de Rozas como director independiente. “Es una persona de confianza de la familia” Rassmuss, aunque la publicación reconocía que su nombramiento fue toda una sorpresa.

Rozas es uno de los que debe enfrentar juicio oral. No por las boletas que él haya dado. Se le imputa haber presentado 199 boletas ideológicamente falsas (por $488 millones) de su exesposa Michelle Reymond; su hijo Daniel, Roberto León Araya (hijo del exdiputado del mismo nombre) y de Miguel Salazar, asesor del mismo exparlamentario.

Es decir, haber mediado a favor de otros boleteros: “Yo recomendé a Roberto León Araya con Patricio Contesse, pues se había casado y tenían un hijo y le pregunté si él podía hacerme informes sobre el mercado de los fertilizantes, si tenía la capacidad de especializarse en eso y me dijo que sí”. “A mí me interesaba porque los estándares de los fertilizantes eran cada vez más altos en los mercados internacionales y quería que alguien me hiciera un seguimiento en países como Canadá, Nueva Zelanda, Brasil, India”, agregó en la misma declaración ante la fiscalía.

Del mismo modo Rozas promovió el trabajo de Ventus Consulting (sociedad de los hijos del senador DC Jorge Pizarro Soto) que recibió $45 millones entre 2011 y 2012 por asesorías verbales que le entregaban a él.

“Siempre dije que los hijos del senador Pizarro los presenté yo en SQM. Soy amigo del senador hace mucho tiempo”, señaló a la prensa a la salida del tribunal en febrero de 2015.

El 2 de junio de 2016, Jorge Pizarro Cristi —uno de los hijos del senador— afirmó ante los fiscales que fueron ellos, como hermanos, los que le pidieron a Rozas que los recomendara: “Es un amigo histórico de mi padre y por esa vía se hizo cercano a nosotros (…). Le pedimos que nos pudiera presentar con SQM”.

La empresa —contó— estableció que la contraparte de este servicio fuera Marcelo Rozas, a quien empezaron a presentar los reportes verbales sobre temáticas que éste pedía.

“Recuerdo, por ejemplo, que durante el 2011 y a principios de 2012 venía decantándose el proceso de desintegración de la Concertación y estaba de manera embrionaria el proceso de discusión en torno a generar una nueva coalición que derivaría en la Nueva Mayoría (…). A fines de 2011, estaban las primeras negociaciones para la campaña municipal, lo que nos daría elementos para saber el futuro de esta nueva coalición, lo que constituía un tema de interés para Marcelo”, dijo.

¿En qué medida le podía importar esto a SQM?, consultaron los fiscales.

“A mí me bastaba con que a Marcelo le interesara este tema” contestó.

Al final, Sebastián Pizarro Cristi—hermano de Jorge y representante legal de Ventus Consulting— fue condenado a una pena de 450 días y una multa por haber entregado 11 facturas a SQM por un total de $45 millones. Su padre, Jorge Pizarro Soto —para quien, según la fiscalía, iban los dineros— quedó fuera de la investigación cuando la Corte rechazó su desafuero porque no existía querella nominativa del SII en su contra.

Marcelo Rozas también abogó por la contratación de Imaginacción en 2005 cuando la consultora de Enrique Correa asesoró a Pampa Calichera (dueña del 20% de SQM).

Rozas dijo que Patricio Contesse fue quien le consultó y “mi opinión

fue que sí, que iba a ser de mucha utilidad, porque de alguna manera al contratar una empresa blanqueaba una serie de situaciones informales, que me parecía que Enrique Correa era una persona solvente y que tenía que entenderse directamente con él”, planteó en la declaración que el filósofo dio el 17 de mayo de 2016 a los investigadores del caso SQM.

La consultora de Correa también dejó de asesorar a la minera no metálica cuando Contesse abandonó el cargo de gerente general en 2015.

“Sus apoyos a la política no fueron a cambio de una prebenda, Julio quiso apoyar a gente de todas las creencias. No se singularizó exclusivamente y no lo hizo por el afán de tener una posición. Él quería mantener la democracia en el país”, asegura el abogado Darío Calderón (74) en una entrevista del 15 de junio de 2017 en The Clinic.

Según el exsenador Carlos Ominami —que fue el primer político de izquierda en ser formalizado por financiamiento ilegal en este caso y luego sobreseído por prescripción— no debe considerarse un impedimento ético que fuera Ponce Lerou el que financiara campañas.

“Ser familiar de alguien no es un delito. Creo que Julio Ponce, a quien no conozco ni le he pedido dinero, no es peor ni mejor que otras personas. Como ministro de Economía en 1991 presenté un informe en la Cámara de Diputados planteando que esa privatización de SQM había sido en condiciones completamente irregulares, pero no es la única”, dijo en CNN unos pocos días después de ser sobreseído en junio de 2016.

Y agregó que más que criticar “al yerno de Pinochet, hagamos un cuestionamiento al financiamiento por parte de las empresas. El conjunto de la estructura empresaria chilena es hija de alguna forma de los 17 años de dictadura”.

A sabiendas o no, Ominami le daba un pequeño triunfo a Ponce en su lucha por distinguirse de su exsuegro.

Se cumplía así lo que más de alguna vez le repitió el doctor Julio Ponce Zamora a su hijo a quien llamaba “el negro”.

“Mi papá siempre dijo: «Este negro es una persona de gran riesgo». Me decía: «O príncipe o mendigo». «Este negro siempre está con su full de ases». Todo a riesgo total” recordó Julio hijo en la entrevista de 1983.

Estaba a pocas semanas de cumplir los 23 años cuando Sabas Chahuán votó por primera vez. Su debut fue en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 donde ganó el “No” que permitió el retorno a la democracia.

Desde entonces este abogado de 54 años ha cumplido con el rito republicano. Claro que ahora con una mirada distinta luego que en 2015, en su último año como fiscal nacional, asumiera el liderazgo del caso Penta y todas sus aristas (SQM, Corpesca) que dejaron en evidencia una larga e indebida relación entre el dinero y la política.

Fueron intensos 280 días al mando de una causa que —además de poner en vilo a los partidos políticos y al gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet— había gestado en el seno del Ministerio Público una lucha intestina entre quienes querían llegar a sanciones ejemplificadoras y aquellos que consideraban que había fórmulas más convenientes que el reproche penal: las multas.

Ante la crisis Chahuán decidió echar mano a una facultad excepcional que hasta entonces nunca se había utilizado (y que no se ha vuelto a usar): aplicar el artículo 18 de la ley orgánica del Ministerio Público (MP) que permite al fiscal nacional dirigir causas en que estén investigadas personas con cargos de alta investidura.

“Y eso fue lo que hice, porque había involucrados de todo el espectro político, de las más altas jerarquías. Había mencionados ministros de Estado, senadores, diputados y la ley supone que para resistir cualquier presión que se pudiera ejercer, el fiscal nacional puede tomar la investigación a su cargo”, comenta.

Además, recuerda, como en el nombramiento del fiscal nacional intervienen tres poderes del Estado “nadie podía decir que yo dependía de uno u otro lado político, porque a mí me eligieron con 31 votos y 5 en contra. Tuve votos del centro, de la derecha y de la izquierda. Y mi nombre lo propuso la Corte Suprema en un concurso público que derivó en una lista de cinco personas presentada a la Presidenta, quien luego lo recomendó al Senado”.

—Puede haber sido una consecuencia, porque en los medios de comunicación se cuestionaba a los fiscales regionales Andrés Montes, Solange Huerta y Alberto Ayala, que colaboraban conmigo y, por otra parte, decían que los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo iban a renunciar porque no estaban de acuerdo. Y al concentrar la investigación, se daba una señal clara de que no se iba a seguir en este desorden que se veía desde afuera.

—Yo tenía la impresión de que eran percepciones de la opinión pública. Con el tiempo uno ve claramente que había dificultades de relaciones entre algunos fiscales y otros. Pero no tuve eso en vista para tomar la decisión.

—Hubo presiones, a veces descaradas, pero a través de los medios de comunicación. No me amenazaron en mi casa.

Y relata dos situaciones en las que omite la identidad de sus interlocutores: “En una oportunidad no recuerdo quien me dijo que hasta cuándo pretendía seguir con la investigación, que estaba produciendo efectos adversos”; y en otro momento “alguien me dijo que pensaba que esto podía producir una crisis institucional y no se iba a salvar nadie, ni ministros, ni senadores, ni diputados, ni ministros de la Corte Suprema ni el fiscal nacional”.

“Tenía claro que al ejercer ciertas facultades como fiscal nacional no era monedita de oro, es decir, no le iba a caer bien a todos. Y sí, hubo molestia, hubo malas caras de todos los sectores. De hecho, cuando fui a la primera cuenta que hizo el Senado, a mediados de 2015, estuve largo tiempo sentado y nadie se me acercaba. Sentí que me estaban haciendo el vacío”, comenta.

—Había toda una polémica porque se decía que los fiscales no podían investigar ilícitos tributarios sin que hubiera denuncia o querella del SII. Lo que es cierto, pero no en todos los casos. Porque había un artículo expreso del Código Tributario, el 162, que dice que si durante una investigación iniciada aparecen antecedentes el fiscal tiene que enviarlos al SII para que diga si va a formalizar querella o denunciar por delitos tributarios. Entonces, si bien un fiscal no puede iniciar investigación "nueva" por delito tributario, como ya había una denuncia del SII se pudo seguir investigando otros ilícitos tributarios y de corrupción, pero no se podía acusar por delitos tributarios.

—No, era el ejercicio de las atribuciones legales que tiene un fiscal, en especial el fiscal nacional en este caso. Y también para despejar incertidumbres procesales, porque en la medida que el SII no enviara antecedentes o no presentara querella uno podía tomar otras decisiones. Por ejemplo, encuadrar los delitos en otros artículos, como el fraude a subvenciones, tal como lo hicieron los fiscales cuando el SII no denunció ni presentó querellas.

— Había casos en que se especulaba y en otros que era cierto, pero en el ejercicio de las herramientas legales que tienen las partes y que puede derivar en dificultades o trabas para que uno investigue. Yo mismo tuve que alegar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que buscaba impedir que se siguiera investigando (se refiere a un recurso del abogado de Patricio Contesse, Samuel Donoso) y que finalmente fue rechazado y pudimos continuar.

—Puedo hablar por el periodo 2015. En ese momento se hicieron todas las diligencias que se debían hacer, se condenaron a figuras bastante conocidas políticamente hablando, aunque fuera en procedimiento abreviado. Y quedaban múltiples diligencias por realizar.

La idea que teníamos con mi equipo era ejercer todas las acciones penales correspondientes con sus respectivas acusaciones, sin perjuicio que pudiera haber procedimientos abreviados o salidas alternativas en ciertos casos. Pero es evidente que con posterioridad se obtuvieron pocas condenas y se dio la impresión, entre comillas, de que no fue tan riguroso como se pensó que iba a ser. Pero no conozco el estado de la investigación después de diciembre de 2015, entonces pueden haber cambiado los antecedentes probatorios que había.Yo me hago responsable por lo que hice el 2015 y ahí se ejercieron las facultades que había que ejercer.

— Hubo una testigo que declaró (Andrea Palma) que alguien le había dicho que el ministro Peñailillo había planteado que, aunque sea con camiones, fueran a buscar los archivos para que no los recibiera la fiscalía. Pero formalmente a mí Peñailillo no me obstaculizó la investigación, para nada. Además, al poco tiempo la presidenta Bachelet le pidió la renuncia. Y cuando fue citado, fue y declaró.

—Diría que todas las anteriores. O sea, había ciertos personajes profundamente ofendidos y molestos porque parece que pensaban que no había ningún delito en lo que estaban haciendo. Otros, porque pensaban que la fiscalía estaba investigando solo para adquirir protagonismo y había quienes, los menos, eran ignorantes. O por lo menos alegaban ignorancia.

—Era propio de todos los involucrados en las causas o de la mayoría de los involucrados. Lo que pasa es que si uno los mira a nivel macro se podría decir que eran de cierta elite, no eran vendedores de pescado de la caleta Portales —con el mayor respeto por lo que venden pescados allí y que son tan importantes como un parlamentario—, pero eran básicamente políticos, parlamentarios, colaboradores o gente que trabajaba con los parlamentarios o asesores de ellos. También había ministros de Estado, como el ministro del Interior que cuando dejó el cargo pasó a ser imputado, entonces era una causa que tenía esquirlas hacia todos los sectores.

—Sí, presentaron trabajos, cuadernillos, pero no solamente ese exministro. Parlamentarios mostraban mesas llenas de cuadernillos, de impresos con informes, porque había casos en que se había hecho la pega, pero otros que no había ninguna pega. Cada imputado llegaba con cerros de documentos. Hubo que habilitar una sala de custodia especial exclusivamente para la documentación de estas causas. Pero otros decían que hicieron asesorías verbales.

—No tengo que claro que todos supieran que la empresa le pasaba plata a todo el espectro político. Algunos imputados sabían que había una colaboración amplia de SQM a distintos parlamentarios, diputados, senadores, etc., pero no a quién le estaban dando.

—Había varias hipótesis, pero fundamentalmente se estaba investigando por qué le daban plata y a quién le daban. Dejé la investigación cuando terminó mi periodo y no sé si con posterioridad se determinó exactamente si había un objetivo claro. La impresión que tengo es que se colaboraba con diversas tendencias políticas para tener a quién acudir a pedir favores. No estoy diciendo que todos los senadores y diputados que recibieron plata hayan sido objeto de cohecho, pero uno piensa que tanta colaboración era para que en algún momento se cobrara el favor. Ahora si me pregunta si tuvimos evidencia de que se cobró ese favor en casos concretos, no era claro. Más allá de lo que me enteré después por los medios de comunicación, cuando ya no estaba en la causa, sobre el royalty minero. Pero en ese momento era una sospecha que teníamos que derivó en línea investigativa.

—(Piensa) Afortunadamente no.

—No, pero sí me pasó que tuve una suerte de desilusión de que estuvieran estas causas abiertas, que hubiera tantos políticos como imputados. Pero eso no marcó la dirección de la investigación.

—Algunos sí y hay avances. El hecho de que se hayan establecido ciertos mecanismos de financiamiento formales de las campañas o que algunos decidieran dar el ejemplo no utilizando asignaciones tan liberalmente como se usaban antes, muestra aprendizaje.

Pero también considero que la ciudadanía debe participar mediante el voto y si una autoridad electa no le cumple las promesas o no está ejerciendo bien su cargo, simplemente vote por otro. Eso es el mejor mecanismo de fiscalización.

Las relaciones entre el poder económico y el político son de larga data en la historia moderna de Chile. Desde la formación del Estado en el oligárquico siglo XIX, hasta la accidentada democracia del siglo XX –antes y después del Golpe de Estado de 1973-, las vinculaciones, redes y alianzas de los intereses públicos y privados han sido más una regla que una excepción. Independiente del modelo económico y de la composición y mecanismos de reproducción de las elites. Hacia el segundo tercio del siglo XX, con la institucionalización de nuevos actores sociales y políticos -clases medias y populares que en cierta parte enarbolaron demandas de mayor democracia-, dichos mecanismos se acomodaron a las circunstancias del momento.

Precisamente dentro de este contexto es que podemos ubicar la infancia y la juventud de Julio Ponce Lerou quien, nacido en La Calera en 1945 e hijo de un médico y de una enfermera, cumplía un clásico perfil de clase media provincial. Así, cursó su educación escolar en el Liceo de Hombres de Quillota y en el Internado Nacional Barros Arana de Santiago. En esos años, al contrario de lo que comúnmente se define como un periodo más democrático o de un “Estado de compromiso” en el nivel del formalismo político, lo cierto es que las relaciones de amistad y las alianzas familiares –matrimoniales, sobre todo- continuaron siendo importantes palancas para reforzar el poder de las elites más tradicionales, o en su defecto, para promover el ascenso social de ciertos miembros de sectores mesocráticos.

Quizás es posible ilustrar estos fenómenos con algunos ejemplos precisos. Durante los gobiernos del llamado Frente Popular liderados por el Partido Radical (1938-1952), junto con el nuevo rol que adquirió el Estado en la economía, las elites cooptaron y se apropiaron de diversos espacios como la estatal CORFO –el propio Ponce Lerou fue su gerente general durante el régimen de Pinochet-, además de agencias públicas asociadas y evidentemente de las mismas compañías privadas. De esta forma, en las décadas de 1940, 1950 y 1960 –en línea con autores como Marcelo Cavarozzi y Sofía Correa-, se consolidó en Chile un complejo entramado de intereses muchas veces vinculados a políticos, conformando una extensa red de conexiones donde se ejercía un poder social y simbólico importante.

Una clara manifestación de esto fue la alta influencia de gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) en los asuntos de gobierno, e incluso contando con la presencia de sus dirigentes en las más altas responsabilidades de la administración pública. Este fue el caso del industrial Jorge Alessandri Rodríguez, Presidente de la República entre 1958 y 1964, y que anteriormente había sido dirigente máximo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), además de ministro de Hacienda del gobierno de Gabriel González Videla. El mismo cuñado de Alessandri, Arturo Matte Larraín, empresario de fuste con varias generaciones de oligarquías a cuestas, fue candidato presidencial de los liberales y conservadores en 1952 -dos años antes había reemplazado a su propio suegro Arturo Alessandri Palma, en el Senado-. En fin, casos como estos incitan al menos a pensar que aspectos como el financiamiento de la actividad política,campañas incluidas, pasaban inevitablemente por los ingresos generados por rentas de negocios privados.

El ascenso profesional y económico de Julio Ponce Lerou se afianzó en las décadas de 1960 y 1970, para lo cual reprodujo estas prácticas que no tenían nada de nuevas en las clases medias y altas chilenas. Como ingeniero forestal titulado en la Universidad de Chile,el 15 de agosto de 1969 contrajo matrimonio con Verónica Pinochet Hiriart, hija del militar Augusto Pinochet Ugarte, quien en la época era general de brigada y comandante en jefe de la Sexta División, y que todavía no ocupaba el protagonismo posterior. Según expresan Víctor Osorio e Iván Cabezas, en su luna de miel a España, Ponce Lerou junto a Verónica alojaron en casa de una prima de ella con el fin de “ahorrar dinero”. Anécdotas más o menos, el matrimonio se extendió por más de dos décadas, constituyendo un factor importante en el poder y la influencia que adquirió Ponce Lerou en la economía chilena, aunque esto no significa desmerecer en absoluto su propia iniciativa y empuje empresarial. De hecho, mucho antes de estos acontecimientos, a los 17 años creaba su primera sociedad comercial en conjunto con un pescador del balneario de Maitencillo, dejando de manifiesto una cierta aspiración. También durante ese tiempo Ponce Lerou hizo buenos amigos. En las aulas de la Universidad de Chile, sin ir más lejos, conoció a Patricio Contesse, egresado del Grange School, ingeniero forestal como él y gran colaborador de varias décadas.

De esta forma, redes matrimoniales, de amistad, más el establecimiento de conexiones en ciertos espacios, son parte de las prácticas asumidas desde una temprana juventud por Ponce Lerou. En un momento histórico de alta polarización ideológica y de proyectos de cambio impulsados por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende Gossens (1970-1973), tomó la decisión de alejarse de la turbulenta política nacional, radicándose por algunos periodos en Canadá y Panamá, donde fue subgerente de un aserradero forestal. Ahí logró ganar su primer millón de dólares, dicho sea de paso, antes de cumplir los treinta años.

La fortuna y el poder de Julio Ponce Lerou comenzó a asegurarse definitivamente en un periodo de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales. Fue una mezcla entre el azar de la historia –que llevó a su suegro a dirigir los destinos de Chile- y de sus propias capacidades de organizador de complejos andamiajes empresariales, los componentes principales de su éxito. El Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 no sólo fue una ruptura fundamental de la historia de Chile y la instalación de un régimen autoritario, sino que implicó un cambio esencial en la vida pública de Ponce Lerou.

En julio de 1974, a menos de un año del Golpe y con Pinochet concentrando un poder cada vez más incuestionable dentro de la Junta Militar, Ponce Lerou regresó a Chile, llamado por su suegro para tomar el cargo de director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). A propósito de esto, Víctor Cofré destacó las excelentes relaciones de Pinochet con su yerno afirmando que “entre ambos cultivaban un tono campechano y ladino. Intercambiaban palabrotas y los chistes que Ponce colecciona para emplear en cada conversación”. En paralelo a esta cercana vinculación familiar, Ponce Lerou fue asumiendo la presidencia de diversas empresas privadas del rubro forestal, como Constitución, Arauco, y del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli. Fue tanto el poder que alcanzó a acumular intercalando el área pública y privada, que colaboradores del propio régimen comenzaron a percibirlo como un tanto amenazador.

Sería un error divorciar la consolidación de la riqueza de Ponce Lerou de los cambios del sistema económico en los años setenta y ochenta. Al revés de eso, su poder no puede comprenderse sin la implementación de un nuevo sistema económico y productivo que llevó aparejado la formación de una nueva elite empresarial. El régimen militar de Pinochet, con mayor decisión desde 1975, se apoyó en un cohesionado grupo de ingenieros y tecnócratas que ocuparon los principales puestos de las carteras económicas, los Chicago Boys, quienes revolucionaron la forma de organizar la economía chilena. Como lo señala Manuel Gárate, ellos tenían una visión crítica del desarrollo del país de los últimos cuarenta años, lo que precisaba ciertamente refundarlo sobre nuevas bases, fundamentada sobre todo en una crítica radical hacia el intervencionismo estatal del período previo a 1973. Sergio de Castro, ministro de Hacienda entre 1976 y 1982 y principal representante de este grupo, advirtió que: “... el caos sembrado por el gobierno marxista de Allende solamente aceleró los cambios socializantes graduales que se fueron introduciendo en Chile ininterrumpidamente desde mediados de la década del 30”. Por ello, la liberalización drástica de la economía, que incluyó la reducción de los aranceles a las importaciones y la privatización de muchas empresas públicas y servicios sociales, fueron las principales medidas que cambiaron de forma sustancial la relación de la economía con el Estado y la sociedad. Fue una transformación que en definitiva alteró la distribución del poder en Chile.

Ponce Lerou fue sin duda uno de los protagonistas de este proceso de cambio estructural del modelo económico –no por nada había escuchado atentamente la exposición de Milton Friedman en el Edificio Diego Portales, cuando visitó Santiago en marzo de 1975-. De hecho, cuando dejó la dirección de la CONAF y en virtud de su cargo de gerente general de empresas de la estatal CORFO, Ponce Lerou fue presidente de la Compañía de Teléfonos y de la Industria Nacional Azucarera (IANSA), además de director de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). De esta forma,fue concentrando responsabilidades en distintos rubros a la vez, a las cuales agregaría como empresario privado el negocio ganadero, donde hizo una gran riqueza, aunque tuvo sus momentos bajos. Todo esto hacia diciembre de 1980, en un momento de relativo éxito del régimen de Pinochet, a dos meses de promulgada una nueva Constitución y con un alto crecimiento económico que evidentemente incrementaba la rentabilidad de estos emprendimientos. Hacia mediados de 1983 y en medio de acusaciones sobre el manejo de sus negocios, Ponce Lerou renunciaría a la CORFO, señalando de acuerdo a sus propias palabras en una entrevista de la época que “he sido acusado de una campaña infame que mediante anónimos ha pretendido poner en duda mi honorabilidad, imputándome de haber abusado de las funciones propias de mi cargo”.

La cruzada privatizadora del patrimonio del Estado encabezada por Ponce Lerou, se afianzó posteriormente. En 1980–junto a su amigo Patricio Contesse- se hizo cargo de la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), empresa que se transformó a la postre en una de sus principales fuentes de poder y protagonista de fuertes vinculaciones con la actividad política. Sin embargo, el camino no fue tan breve y, de hecho, en esa misma entrevista de 1983, Ponce Lerou afirmaba refiriéndose a SOQUIMICH que “esta empresa, que había sido durante 20 años un lastre social y financiero para todos los gobiernos, ha llegado a ser ahora último una de las buenas empresas del país, lo que me llena de orgullo, y aún queda mucho por hacer”.

En un comienzo, SOQUIMICH desarrolló la explotación de salitre y yodo, más fertilizantes en general, construyendo desde ahí un verdadero imperio que llevó a Ponce Lerou a multiplicar su fortuna transformándose en una de las personas más ricas del país. El proceso de privatización de la empresa lo ha caracterizado con detalle María Olivia Mönckeberg, quien planteó que desde 1988, fecha en que se completó el traspaso a manos privadas, un grupo de Chicago Boys liderados por Sergio de Castro, comenzaron a ingresar al directorio de la compañía. Por supuesto, Ponce Lerou era presidente del mismo.

De ahí en más, en el difícil proceso de transición política que derivó en la caída del poder de su suegro y el posterior retorno de los gobiernos democráticos en marzo de 1990, la influencia de Ponce Lerou continuaría, con mayor razón en administraciones civiles que continuaron en sus líneas centrales el modelo de desarrollo asumido por el régimen militar. Las prácticas de las elites -que ahora contaba con Ponce Lerou como uno de sus más conspicuos representantes- y sus estrechas vinculaciones con la política, reiteraban así un guión similar al reproducido en la historia republicana chilena.